El gobierno de Javier Milei “no piensa en la comunidad, sino que tiende a generar posiciones individualistas”, afirmó Francina Sierra, quien desde diciembre del año pasado es concejal del bloque de Unión por la Patria tras desarrollar una amplia labor como dirigente sindical en el SUTEBA. En esta entrevista que dio a TeleJunín aborda –entre otras cuestiones- un tema que conoce de primera mano: la Educación.
-¿Cómo se maneja hoy como concejal, siendo que usted se formó en la política como dirigente sindical?
- Es un cambio. Vengo de 15 años de tarea sindical, una dinámica en la que -por otro lado- continúo porque sigo siendo la secretaria General de la CTA de los Trabajadores. Sigo trabajando, sosteniendo esa identidad que es la que me formó durante todos estos años. Pero ahora como concejal ya no represento a un sector, sino a todos los vecinos de la ciudad.
-¿Qué opina de las críticas al sindicalismo que dicen que hacen paros solamente cuando no son gobiernos afines?
- No coincido porque -no solamente en nuestro sector sino en todos en general- las dinámicas de diálogo con los gobiernos son muy diferentes. Se puede pensar que nosotros -por ejemplo- en la provincia de Buenos Aires no le hacemos paro a (Axel) Kicillof porque tenemos una afinidad política que es verdadera, desde ya. Pero no es solo eso: también hay un diálogo permanente, una apertura de la mesa paritaria permanente y hay aumentos todos los meses aún en contextos de crisis como este. Si lo comparamos con la época de (María Eugenia) Vidal, donde no había paritarias, ni inversión en Educación… son realidades completamente distintas. Entonces no hacemos oposición por la oposición misma y la prueba es que Vidal, cuando arranca su gestión en 2016 lo hizo sin paro docente. Después ella tomó otra actitud y frente a eso actuamos como lo hicimos. Y lo mismo haríamos con Kicillof.
-El sistema de vouchers que anunció el Gobierno nacional, ¿en qué etapa se encuentra?
- Todavía no está funcionando, pero es una contradicción enorme esa decisión del Gobierno nacional. Se generan vouchers hacia los colegios privados, pero, por el otro lado, desfinancia todo lo que tiene que ver con la educación pública, sea de gestión estatal o privada. Porque cuando el gobierno nacional decide retirar los fondos nacionales que son para el pago de incentivos docentes, para el pago de salarios o para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura -con servicio alimentario escolar- que eran apoyos financieros que daban a las distintas provincias, ahí lo que está dando por un lado lo quita por otro. Y son medidas de corte completamente individualistas a las que accede solo un sector: no está mirando el todo. No sorprende: es la impronta que tiene este gobierno que no piensa en el conjunto, en la comunidad toda sino que tiende a generar posiciones individualistas.
-¿Y cómo cambiaría el sistema? ¿Es subvencionado el papá, la mamá, la familia, en vez de la escuela?
- En realidad la subvención de las escuelas privadas por ahora no está en discusión. Los sueldos los paga la provincia de Buenos Aires, sea para la escuela privada o pública. La subvención que reciben las instituciones la están recibiendo como siempre. Lo que están haciendo con el voucher es como subvencionar la cuota, o sea, subvencionar la demanda a ese papá que ya no puede pagar la cuota de la escuela privada donde va su hijo.
-Retomando su rol de concejal… ¿Presentó un proyecto para la recuperación de Bibliotecas?
- Sí, estamos trabajando con las bibliotecas populares de Junín. Hay muchas –y había muchas más- pero lamentablemente varias cerraron sus puertas durante la pandemia y la pos pandemia también. El año pasado, en campaña, empecé a recorrerlas para ver cómo estaban funcionando en nuestras ciudades después del avance tecnológico que vivimos, pero también de la crisis que vivimos hace unos cuantos años y que ahora está mucho más profundizada. Y ahí me encontré con muchas que están sobreviviendo como pueden. Entonces, empezamos un trabajo con el doctor Fernando Burgos para que regularicen su documentación y poder levantar las personerías jurídicas caídas y así puedan acceder a las líneas de financiamiento que otorgan tanto la Provincia como la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) a nivel nacional. Pero a la vez proponemos un programa de fortalecimiento que puede promover nuestro municipio pueda ayudar a esas bibliotecas que hoy están en una situación complicada.
-¿Tiene esperanza de que pueda ser aprobado?
- Esperemos que sí. Ya hay una ordenanza que iba en este sentido, pero vamos a hacer una modificación para volver a presentarla -porque la ordenanza que está no se cumplió- proponiendo un esquema similar a lo que el municipio tiene con los clubes de barrio, así que no veo cuál sería el impedimento para que no se pudiera hacer eso mismo con las bibliotecas.
-¿Por qué pasa que existen ordenanzas y después no se cumplen?
- Sí, hay que hacer un trabajo también para ponerlas en la agenda pública, porque cuando las personas, las entidades las conocen, se la apropian y así ayudan a que se puedan hacer cumplir y tengan vigencia.
-¿Qué buscan con esa propuesta en el Concejo de repudio a los despidos por parte del Gobierno nacional?
- Es muy importante decirle a la comunidad que no solamente se trata del despido -que ya de por sí es un drama para este trabajador, trabajadora y su familia- sino del riesgo de que esos organismos públicos se quedan con menos personal o se cierran completamente. Lo que están haciendo es privar a la población de esas políticas públicas que antes llegaban y hoy ya no van a estar. Es el caso del CDR (Centro de Referencia, del ex Ministerio de Desarrollo Social); también hay algunos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en PAMI, en ANSES… o sea, se va a ver resentida la atención y por ende el usuario no va a poder acceder a las mismas prestaciones a las que accedía antes.
-¿Los cesanteados son contratados a los que se les cumplió el contrato y no se los renovaron?
- En la mayoría de los casos sí y en algunos hay empleados de plantas permanentes. Pero hay gente con contratos de más de 20 años de trabajo. O sea: hay trabajadores a los que no es que los contrataron hace dos años, tres años con el gobierno de Alberto Fernández como quieren instalarnos, sino que hay gente que realmente es profesional y trabaja desde hace más de 20 años en esos organismos y hoy se ve en esta situación.
-¿Pero no hay una reglamentación que dice que no se puede echar a trabajador del ámbito público sin motivo?
- Bueno, el motivo para el Gobierno nacional es que van a cerrar directamente estas delegaciones. En el caso del CDR es el cierre completo.
-Pero el ANSES de Barrio Belgrano continúa, ¿no es así?
- Sí, por ahora continúa, pero eso no significa que próximamente no tengamos esas malas noticias, porque ya lo estamos viendo en otras localidades con delegaciones de ANSES que se cierran delegaciones de PAMI que se cierran.
-Pero son organismos que se necesitan por la cercanía para muchas personas mayores…
- Pero estamos frente a un Gobierno nacional que no cree en el Estado. Que dice que el Estado es enemigo de la gente. Entonces, en su lógica de pensamiento, ¿por qué sostendría organismos que son del Estado y que están cerca de la gente? Justamente es todo lo contrario: creen que son inútiles, que están llenos de militantes, que no sirven para nada y lo cierran. Yo creo que el votante de Milei no votó esto. Seguramente lo habrá elegido por muchísimas cosas, pero no para que las cosas que estaban cerca, a las que se podían acceder y que funcionaban y que estaban bien, se las arrebaten de esta manera.
-¿Cómo piensa que se puede evitar esto?
- Hay que organizarse en comunidad y defender estos espacios. Por supuesto, no queremos ningún trabajador ni trabajadora despedida, pero además no queremos que las políticas públicas que brindan ANSES, el PAMI, el CDR, se terminen diluyendo. Más sobre todo porque ANSES y PAMI tienen que ver con una población muy vulnerable, que son nuestros jubilados y jubiladas.
